Cuando una pareja se divorcia, una de las primeras preguntas que suele aparecer es clara y directa:
¿qué pasa con la vivienda familiar?
Y no es una duda menor. La casa no es solo un bien económico; suele ser el lugar donde han vivido los hijos, donde se ha desarrollado la vida familiar y, en muchos casos, el principal activo del matrimonio.
La respuesta, sin embargo, no es única ni automática. Dependerá de varios factores clave: ¿hay hijos menores?, ¿cuál es la situación económica de cada cónyuge?, ¿la vivienda es propiedad de ambos?, ¿existe una hipoteca pendiente?
No todos los divorcios se resuelven igual
Antes de entrar en soluciones concretas, conviene aclarar una idea importante: el divorcio no implica automáticamente vender la casa ni que uno de los cónyuges se quede con ella.
La legislación prioriza el equilibrio entre las necesidades familiares y la realidad económica de cada parte. Por eso, la vivienda puede gestionarse de distintas formas según el caso concreto.
El uso de la vivienda familiar no es lo mismo que la propiedad
Uno de los conceptos que más confusión genera es la atribución del uso de la vivienda familiar.
Cuando hay hijos menores, lo más habitual es que el juez atribuya el uso de la vivienda al progenitor con quien conviven los hijos, junto con los propios menores. El objetivo es proteger la estabilidad de los hijos y evitar cambios bruscos en su entorno.
Es importante tenerlo claro: esta atribución no cambia la propiedad del inmueble. La vivienda puede seguir siendo de ambos cónyuges, aunque solo uno viva en ella.
¿Hasta cuándo dura ese uso?
El uso de la vivienda puede fijarse hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad o por un plazo concreto, algo cada vez más frecuente cuando existe acuerdo entre las partes o cuando la situación económica lo aconseja.
En el derecho común, esta cuestión se regula en el artículo 96 del Código Civil. En Cataluña, el Código Civil de Cataluña regula el uso de la vivienda familiar dentro de las medidas de ruptura, atendiendo al interés del menor y a las necesidades de los progenitores.
Venta de la vivienda y reparto del dinero
Otra solución habitual es la venta de la vivienda familiar y el reparto del importe obtenido entre ambos cónyuges.
Esta venta puede realizarse de forma inmediata o pactarse para un momento futuro, por ejemplo, cuando los hijos alcancen la mayoría de edad. De este modo, se combina la estabilidad familiar con un reparto económico equitativo.
Alquiler de la vivienda como solución intermedia
En algunos casos, vender no es viable o no interesa. En estas situaciones, alquilar la vivienda puede ser la opción más práctica.
El importe del alquiler puede destinarse al pago total o parcial de la hipoteca o repartirse entre ambos progenitores, según lo acordado.
¿Qué ocurre si la vivienda tiene hipoteca?
Entre los cónyuges se puede pactar quién asume el pago de la hipoteca, total o parcialmente. Sin embargo, frente al banco, ambos seguirán siendo responsables del pago mientras figuren como deudores.
La única forma de liberar a uno de los cónyuges es que la entidad bancaria acepte una novación del préstamo, algo que no siempre es posible.
Adjudicación de la vivienda a uno de los cónyuges
En divorcios de mutuo acuerdo es habitual adjudicar la vivienda a uno de los cónyuges, compensando al otro económicamente o mediante otros bienes del patrimonio común.
Es una solución clara y definitiva, pero debe analizarse bien por sus implicaciones económicas y fiscales.
Fiscalidad y posibles ventajas
Cuando la adjudicación de la vivienda deriva directamente del divorcio y queda recogida en un convenio regulador aprobado judicialmente, pueden existir ventajas fiscales en plusvalía municipal, ITP/AJD e IRPF.
Estas ventajas solo se aplican si la operación está correctamente estructurada y no existen excesos de adjudicación injustificados.
Conclusión
La vivienda familiar tras el divorcio puede atribuirse en uso, venderse, alquilarse o adjudicarse en propiedad a una de las partes. No existen soluciones automáticas y cada caso debe analizarse de forma individual.
Contar con asesoramiento jurídico especializado permite evitar conflictos futuros y tomar decisiones
adecuadas desde el inicio
